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Novedosa Sentencia del Supremo sobre gastos de defensa jurídica

Este verano el Tribunal Supremo ha dictado una importante Sentencia, en la que condena a Axa a pagar 66.000 euros en concepto de seguro de DEFENSA JURÍDICA, aunque la póliza tiene un límite de 1.500 euros, al existir en el caso concreto enjuiciado conflicto de intereses, por estar ambos vehículos asegurados en la misma compañía.

 

defensa juridica


La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo es de gran relevancia para nuestros clientes, que en algunos casos ven limitada su cobertura de defensa jurídica en importes minúsculos impuestos por su propia compañía, viéndose obligados injustamente a abonar nuestros honorarios de las propias indemnizaciones que perciben como resarcimiento a las lesiones sufridas.


Con esta novedosa sentencia, en caso de que las compañías intervinientes en el siniestro sean las mismas, no impera el límite de la cobertura de defensa jurídica impuesto en la póliza.


Reproducimos el contenido de la Sentencia 3439/2016 de 14 de julio de forma literal:

“Don Roman, ahora recurrente, sufrió un accidente de tráfico cuando circulaba con su motocicleta a resultas del cual tuvo lesiones de gravedad. La motocicleta estaba asegurada en Axa Ibérica S.A. en virtud de póliza que incluía la protección jurídica. Como quiera que el responsable del accidente estaba asegurado en la misma compañía, comunicó a la aseguradora la designación de abogado para la reclamación judicial de los daños sufridos en dicho accidente. 

El resultado del pleito y su posterior apelación fue la determinación de la responsabilidad del asegurado y de su aseguradora, Axa.
Posteriormente, tanto el abogado como el procurador giraron sendas minutas en las que detallaban sus honorarios; minutas que el Sr Roman pagó y que ahora reclama a su aseguradora. Considera que hubo un claro conflicto de intereses entre asegurado y aseguradora y que, por consiguiente, no opera la limitación económica incluida en la póliza -1.500 euros-.
No lo entendió así la sentencia de la Audiencia provincial que se atuvo al límite cuantitativo fijado en la póliza porque entiende que es una cláusula delimitadora del riesgo y no limitativa de derechos en tanto que viene a concretar, definir y delimitar las circunstancias que deben concurrir para que se entienda que existe el riesgo cubierto, sin que suponga un límite al derecho reconocido puesto que delimita la cuantía de lo que se debe abonar por dicho concepto, conceptuando el derecho y no limitándolo; consecuencia de lo cual aplica el límite previsto en la póliza y reconoce al demandante el derecho a que la aseguradora le abone 1.500 euros por los gastos devengados de asistencia de letrado y procurador de libre designación.
El importe máximo a satisfacer para pago de honorarios de profesionales libremente designados por el beneficiario y gastos del proceso, dice la cláusula en cuestión (incluida en las condiciones generales), «es de 1.500 Euros por siniestro». Pues bien, en el caso, estamos ante un conflicto de intereses, puesto que la aseguradora del actor era también aseguradora del demandado y asimismo demandada en el pleito del que derivan los honorarios ahora reclamados. Supone que no ha sido la libre voluntad del asegurado, sino el propio conflicto lo que obligó al asegurado a tener que nombrar abogado y procurador para la reclamar el daño sufrido, que finalmente tuvo que abonar la aseguradora en la parte cubierta por el seguro, sin que la póliza, que en las condiciones particulares contempla como riesgo asegurado la defensa jurídica, sin limitación alguna, incluya ni en estas condiciones ni en las generales, un pacto especial y expresamente aceptado por el asegurado que limite la responsabilidad de la aseguradora en supuestos como este de conflicto entre ambos.
Extender el límite máximo de la obligación del asegurador a los mil quinientos euros supone, en primer lugar, una limitación a la libre designación de abogado y procurador necesario para la efectividad de la cobertura, y, en segundo, derivar contra el asegurado una interpretación extensiva y contraria a su interés, que es el que se protege en esta suerte de contratos de adhesión. El efecto no es otro que el rechazo de una cláusula limitativa del derecho del asegurado, cuya validez está condicionada al régimen especial de aceptación previsto en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro, que se cita en el motivo como infringido, con la consecuencia de hacer responsable a la aseguradora del pago generado por estos profesionales que ha tenido que procurarse para plantear la reclamación y que no es otro que aquel que viene determinado en la sentencia del juzgado, incluido el pago de los intereses, que ha sido aceptado por el recurrente, que no apeló la sentencia y que no ha sido recurrido”.

 

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Negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia

Negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, reincidencia y antecedentes penales computables. 

 

El pasado mes de mayo, Daniel acudió a nuestras oficinas porque había sido citado para la celebración de juicio oral en el Juzgado de lo Penal de Málaga, como consecuencia de haberse visto involucrado en un accidente de tráfico en Málaga, fue requerido a someterse a las pruebas de alcoholemia, y por las diferentes circunstancias que concurrieron en el accidente, y que no vienen al caso, se negó a realizarla a pesar del requerimiento de los agentes de la autoridad.


undefinedComo consecuencia de su negativa, y al presentar signos externos de haber
consumido alcohol, fue imputado en las Diligencias Urgentes que se incoaron en el Juzgado de Instrucción nº 10 de Málaga, como autor de un delito contra la seguridad del tráfico y de un delito de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, de los artículos 379 y 383 del CP, respectivamente, además Daniel había sido condenado hacía menos de dos años por otro delito contra la seguridad del tráfico por lo que concurría la agravante de REINCIDENCIA.


El Ministerio Fiscal solicitaba por el primer delito la pena de tres años de privación del permiso de conducir y multa de doce meses a razón de 10 euros diarios, y por el segundo delito la pena de 9 meses de prisión y 18 meses de privación del permiso de conducir.


Nuestro principal objetivo, ante la existencia de antecedentes penales computables no cancelados, y ante la concurrencia de reincidencia en el mismo tipo de delito, lo que agrava la pena, es conseguir que el cliente no ingrese en prisión, lo cual conseguimos finalmente proponiendo la suspensión sustitutiva del artículo 80.3 del Código Penal, que solo puede aplicarse en determinados casos y que supone la sustitución de una parte de la pena de prisión por multa, quedando el resto de la duración de la condena suspendida durante el tiempo que prudencialmente fije el Juez, a expensas de que no se cometa un nuevo delito y se abonen las responsabilidades civiles.


En los casos de concurrencia de ambos delitos, contra la seguridad del tráfico y negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, nosotros proponemos la aplicación del concurso de normas, del artículo 8.3 del Código Penal, de forma que el Juez condene solo por la norma más grave, pero nunca por ambos delitos, ya que así ha sido avalado por el Acuerdo del Peno del TS de 20 de enero de 2015, sin embargo en el caso de Daniel conseguimos un buen acuerdo con el Ministerio Fiscal en virtud del cual resultó condenado finalmente por el delito contra la seguridad del tráfico a la pena de un año y tres días de privación del permiso de conducir y 10 meses de multa a razón de 6 euros diarios, y por el delito de negativa a la pena de 6 meses de prisión, que se sustituyó en dos terceras partes por multa de 6 meses a 6 euros diarios, y privación de 15 meses del permiso de conducir, lo que le supuso una mejora de la condena considerable respecto de la que inicialmente le solicitaban.​


En este caso conseguimos que Daniel no entrara en prisión, esgrimiendo argumentos al Juez para que aplicara la suspensión sustitutiva de la pena de prisión por multa, y exponiéndole la concurrencia de los requisitos necesarios para la aplicación de tal suspensión, pero finalmente perdió la vigencia de su permiso de conducir por haber sido condenado a más de dos años de privación del mismo..., de la pérdida de vigencia del permiso, sus causas y formas de recuperarlo trataremos en otro artículo del blog.

  

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¡Cuidado con las Sentencias de conformidad!

Rafael llegó a nuestra unidad angustiado porque hacía dos días había sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y en la comparecencia celebrada para su enjuiciamiento en el Juzgado, aconsejado por el abogado que le designaron, decidió prestar su conformidad a la condena que interesaba el Ministerio Fiscal.

undefinedRafael se conformó con una condena de un año y un día de privación del permiso de conducir, que le quedó reducida a ocho meses y una multa de seis meses reducida a cuatro meses a razón de seis euros diarios.


Antes de que ocurrieran los hechos, Rafael se había matriculado en una academia para obtener el título de vigilante de seguridad, y uno de los requisitos para acceder a esta titulación es la de carecer de antecedentes penales.
Aunque parezca mentira, Rafael no fue informado ni por su abogado, ni por el juez, ni por el secretario de todas las consecuencias jurídicas y administrativas que le acarrearían prestar conformidad con la pena interesada por el Fiscal, y el ignoraba que la condena le conllevaría la creación de antecedentes penales, lo que automáticamente le impediría obtener el título de vigilante de seguridad para el que estaba estudiando desde hacía meses.

Rafael desconocía que el Acta de conformidad que suscribía, tenía esta implicación penal sobre su situación personal, pues le informaron que se trataba de un delito leve sin mayores consecuencias que el cumplimiento de la condena, además tampoco sabía que en ese mismo acto renunciaba a formular recurso alguno contra la Sentencia de conformidad, que devino firme en aquel mismo instante, ignorando también que en lugar de multa, podía haber optado a la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, lo cual le habría sido menos gravoso habida cuenta de su situación de desempleado.


En la unidad Uniac Tráfico de Málaga hemos formulado Recurso de Apelación solicitando la nulidad de las actuaciones a fin de que se retrotraigan las mismas al momento anterior a que el acusado prestó su consentimiento.

Transcribimos algunos de nuestros argumentos en el recurso:

El Sr.---- no fue informado por ninguno de los intervinientes en el Acta de Conformidad, de que su renuncia al enjuiciamiento le acarrearía la creación de ANTECEDENTES PENALES, así como su inscripción en un registro, el Registro Central de Penados y Rebeldes, dependiente del Ministerio de Justicia, ni tampoco del tiempo de duración de esta inscripción hasta su completa cancelación, pues de lo contrario nunca hubiera prestado su conformidad, puesto que el mismo se encuentra actualmente cursando estudios de Vigilante de Seguridad, para la obtención del título acreditativo de esta especialidad, en el que uno de sus requisitos es la carencia de antecedentes penales, y si suscribió este acta fue en la creencia de que las únicas consecuencias penales y administrativas y de todo tipo que conllevaría, sería el cumplimiento de la pena de privación del permiso y del pago de la multa” .

A tal efecto el Tribunal Supremo, “ ha dicho repetidamente que para que la conformidad surta sus efectos ha de ser absoluta, personalísima, voluntaria (esto es, consciente y libre), formal, vinculante y de doble garantía (últimamente en sentencias de 12 de febrero y 1 de marzo de 2007 de la Sala Quinta ). Esto significa, en lo que aquí importa, que el Juez o Tribunal ante el que se acuerda la conformidad ha de cerciorarse de que el inculpado ha prestado su consentimiento libremente y que ha sido informado de las consecuencias de la conformidad acordada, pues sin conocimiento suficiente de dichas consecuencias no podría decirse que haya existido un consentimiento bastante para que el acuerdo conseguido pueda producir los efectos previstos por la norma; en este sentido, el artículo 787.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuye al Secretario la misión de informar al acusado de las consecuencias de la conformidad antes de que ésta sea prestada
".


Al día de hoy estamos esperando la resolución del recurso.

Sentencia sobre Alcoholemia

La Audiencia Provincial de Tarragona, en su Sentencia de julio de 2015 refiere que “el consumo de alcohol posterior al accidente desvirtúa el resultado de las pruebas de detección de alcohol”


La Audiencia absuelve al acusado de un delito de conducción bajo los efectos del alcohol del que había sido condenado, por considerar insuficiente el cuadro probatorio para concluir, fuera de toda duda razonable, que el hoy recurrente conducía su vehículo bajo la penalmente prohibida influencia del alcohol.

La Sentencia de la Audiencia analiza de forma individual todos los indicios que concurren en el accidente y la mecánica del mismo, que no implicó la colisión con otro vehículo, sino únicamente un choque con una jardinera que se encontraba en la acera, en un giro de cruce de 4 calles, cuya curva tomó muy abierta.

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Aunque es cierto que en diferentes ocasiones se otorga un valor acreditativo especialmente relevante a la existencia de un accidente de circulación como elemento indiciario acreditativo de la influencia del consumo de alcohol previo, en la conducción del acusado, hay que destacar que necesariamente hay que acudir al caso, valorando especialmente cual es la mecánica de tal accidente junto con los restantes indicios aportados en el acto del juicio.

En el presente caso señala la Audiencia que coincide con lo irracional de la conducta del acusado de beber alcohol en gran cantidad posterior al accidente puesto que tal maniobra puede enmascarar el consumo previo al accidente a través de un consumo posterior, pero ello claramente desvirtúa el resultado de las pruebas de detección alcohólica practicadas y no permite determinar el grado de consumo y afectación previo al accidente.


En definitiva, el cuadro probatorio indiciario, reducido al único indicio, el accidente, y la conducta posterior del acusado, se presentan del todo punto insuficientes para afirmar fuera de toda duda que el Sr. Octavio condujere bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por lo que la única solución respetuosa con el principio "in dubio pro reo" es dictar sentencia absolutoria del acusado.

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