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Novedosa Sentencia del Supremo sobre gastos de defensa jurídica

Este verano el Tribunal Supremo ha dictado una importante Sentencia, en la que condena a Axa a pagar 66.000 euros en concepto de seguro de DEFENSA JURÍDICA, aunque la póliza tiene un límite de 1.500 euros, al existir en el caso concreto enjuiciado conflicto de intereses, por estar ambos vehículos asegurados en la misma compañía.

 

defensa juridica


La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo es de gran relevancia para nuestros clientes, que en algunos casos ven limitada su cobertura de defensa jurídica en importes minúsculos impuestos por su propia compañía, viéndose obligados injustamente a abonar nuestros honorarios de las propias indemnizaciones que perciben como resarcimiento a las lesiones sufridas.


Con esta novedosa sentencia, en caso de que las compañías intervinientes en el siniestro sean las mismas, no impera el límite de la cobertura de defensa jurídica impuesto en la póliza.


Reproducimos el contenido de la Sentencia 3439/2016 de 14 de julio de forma literal:

“Don Roman, ahora recurrente, sufrió un accidente de tráfico cuando circulaba con su motocicleta a resultas del cual tuvo lesiones de gravedad. La motocicleta estaba asegurada en Axa Ibérica S.A. en virtud de póliza que incluía la protección jurídica. Como quiera que el responsable del accidente estaba asegurado en la misma compañía, comunicó a la aseguradora la designación de abogado para la reclamación judicial de los daños sufridos en dicho accidente. 

El resultado del pleito y su posterior apelación fue la determinación de la responsabilidad del asegurado y de su aseguradora, Axa.
Posteriormente, tanto el abogado como el procurador giraron sendas minutas en las que detallaban sus honorarios; minutas que el Sr Roman pagó y que ahora reclama a su aseguradora. Considera que hubo un claro conflicto de intereses entre asegurado y aseguradora y que, por consiguiente, no opera la limitación económica incluida en la póliza -1.500 euros-.
No lo entendió así la sentencia de la Audiencia provincial que se atuvo al límite cuantitativo fijado en la póliza porque entiende que es una cláusula delimitadora del riesgo y no limitativa de derechos en tanto que viene a concretar, definir y delimitar las circunstancias que deben concurrir para que se entienda que existe el riesgo cubierto, sin que suponga un límite al derecho reconocido puesto que delimita la cuantía de lo que se debe abonar por dicho concepto, conceptuando el derecho y no limitándolo; consecuencia de lo cual aplica el límite previsto en la póliza y reconoce al demandante el derecho a que la aseguradora le abone 1.500 euros por los gastos devengados de asistencia de letrado y procurador de libre designación.
El importe máximo a satisfacer para pago de honorarios de profesionales libremente designados por el beneficiario y gastos del proceso, dice la cláusula en cuestión (incluida en las condiciones generales), «es de 1.500 Euros por siniestro». Pues bien, en el caso, estamos ante un conflicto de intereses, puesto que la aseguradora del actor era también aseguradora del demandado y asimismo demandada en el pleito del que derivan los honorarios ahora reclamados. Supone que no ha sido la libre voluntad del asegurado, sino el propio conflicto lo que obligó al asegurado a tener que nombrar abogado y procurador para la reclamar el daño sufrido, que finalmente tuvo que abonar la aseguradora en la parte cubierta por el seguro, sin que la póliza, que en las condiciones particulares contempla como riesgo asegurado la defensa jurídica, sin limitación alguna, incluya ni en estas condiciones ni en las generales, un pacto especial y expresamente aceptado por el asegurado que limite la responsabilidad de la aseguradora en supuestos como este de conflicto entre ambos.
Extender el límite máximo de la obligación del asegurador a los mil quinientos euros supone, en primer lugar, una limitación a la libre designación de abogado y procurador necesario para la efectividad de la cobertura, y, en segundo, derivar contra el asegurado una interpretación extensiva y contraria a su interés, que es el que se protege en esta suerte de contratos de adhesión. El efecto no es otro que el rechazo de una cláusula limitativa del derecho del asegurado, cuya validez está condicionada al régimen especial de aceptación previsto en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro, que se cita en el motivo como infringido, con la consecuencia de hacer responsable a la aseguradora del pago generado por estos profesionales que ha tenido que procurarse para plantear la reclamación y que no es otro que aquel que viene determinado en la sentencia del juzgado, incluido el pago de los intereses, que ha sido aceptado por el recurrente, que no apeló la sentencia y que no ha sido recurrido”.

 

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Unidad Integral de Ayuda a Accidentados en Tráfico en Málaga
Boulevard Louis Pasteur nº 5, 2º piso, oficina 321, C.P 29010, en Málaga (Edif. FACE'S Business Center)

Tlf.: 952 10 90 22 - 606 33 49 46
info@uniactrafico.es  - www.uniactrafico.es 

Consecuencias de la pérdida de vigencia del permiso de conducir y como recuperarlos

Una de las preguntas que mas frecuentemente nos hacen nuestros clientes, de todas las localidades que acuden a nosotros, Fuengirola, Torremolinos, Coín, Málaga, Benalmádena… es sobre las consecuencias de la pérdida de vigencia del permiso de conducir y la forma de recuperarlo una vez perdido.


undefinedSi el Juzgado te condena por un delito contra la seguridad del tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol, a la privación del permiso de conducir durante más de dos años, de conformidad con el artículo 47 del Código Penal, la retirada del carnet conllevará la pérdida de vigencia, es decir, que para volver a conducir tendrás que volver a examinarte.


El RDL 6/2015 de 30 de octubre de 2015 regula la obtención del permiso de conducir cuando su titular haya sido condenado por sentencia penal con la privación del derecho de conducir y al respecto establece “podrá obtener una vez cumplida la condena, una autorización administrativa DE LA MISMA CLASE Y CON LA MISMA ANTIGÜEDAD, de acuerdo con el procedimiento del artículo 71


Los requisitos para recuperar el permiso de conducir son:

  • Realización y superación con aprovechamiento de un curso de sensibilización y reeducación vial de 24 horas de duración en centro homologado y especializado.
  • Prueba teórica, una vez superado el tiempo de privación del permiso de conducir, sobre los contenidos del curso realizado.


Para la realización de esta prueba teórica deberás solicitar cita para examen ante la Jefatura Provincial de Tráfico. El permiso que se obtenga o recupere de esta forma, dispondrá de un saldo de 8 puntos.

En nuestra Unidad te gestionamos la entrega del permiso de conducir al juzgado, el cómputo del plazo de privación y la recuperación del mismo, y nos encargamos, si te hemos tramitado el procedimiento penal, de comunicarte con los centros encargados para la realización de los cursos de sensibilización necesarios y las pruebas de capacitación para recuperar tu carnet.

 

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Negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia

Negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, reincidencia y antecedentes penales computables. 

 

El pasado mes de mayo, Daniel acudió a nuestras oficinas porque había sido citado para la celebración de juicio oral en el Juzgado de lo Penal de Málaga, como consecuencia de haberse visto involucrado en un accidente de tráfico en Málaga, fue requerido a someterse a las pruebas de alcoholemia, y por las diferentes circunstancias que concurrieron en el accidente, y que no vienen al caso, se negó a realizarla a pesar del requerimiento de los agentes de la autoridad.


undefinedComo consecuencia de su negativa, y al presentar signos externos de haber
consumido alcohol, fue imputado en las Diligencias Urgentes que se incoaron en el Juzgado de Instrucción nº 10 de Málaga, como autor de un delito contra la seguridad del tráfico y de un delito de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, de los artículos 379 y 383 del CP, respectivamente, además Daniel había sido condenado hacía menos de dos años por otro delito contra la seguridad del tráfico por lo que concurría la agravante de REINCIDENCIA.


El Ministerio Fiscal solicitaba por el primer delito la pena de tres años de privación del permiso de conducir y multa de doce meses a razón de 10 euros diarios, y por el segundo delito la pena de 9 meses de prisión y 18 meses de privación del permiso de conducir.


Nuestro principal objetivo, ante la existencia de antecedentes penales computables no cancelados, y ante la concurrencia de reincidencia en el mismo tipo de delito, lo que agrava la pena, es conseguir que el cliente no ingrese en prisión, lo cual conseguimos finalmente proponiendo la suspensión sustitutiva del artículo 80.3 del Código Penal, que solo puede aplicarse en determinados casos y que supone la sustitución de una parte de la pena de prisión por multa, quedando el resto de la duración de la condena suspendida durante el tiempo que prudencialmente fije el Juez, a expensas de que no se cometa un nuevo delito y se abonen las responsabilidades civiles.


En los casos de concurrencia de ambos delitos, contra la seguridad del tráfico y negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, nosotros proponemos la aplicación del concurso de normas, del artículo 8.3 del Código Penal, de forma que el Juez condene solo por la norma más grave, pero nunca por ambos delitos, ya que así ha sido avalado por el Acuerdo del Peno del TS de 20 de enero de 2015, sin embargo en el caso de Daniel conseguimos un buen acuerdo con el Ministerio Fiscal en virtud del cual resultó condenado finalmente por el delito contra la seguridad del tráfico a la pena de un año y tres días de privación del permiso de conducir y 10 meses de multa a razón de 6 euros diarios, y por el delito de negativa a la pena de 6 meses de prisión, que se sustituyó en dos terceras partes por multa de 6 meses a 6 euros diarios, y privación de 15 meses del permiso de conducir, lo que le supuso una mejora de la condena considerable respecto de la que inicialmente le solicitaban.​


En este caso conseguimos que Daniel no entrara en prisión, esgrimiendo argumentos al Juez para que aplicara la suspensión sustitutiva de la pena de prisión por multa, y exponiéndole la concurrencia de los requisitos necesarios para la aplicación de tal suspensión, pero finalmente perdió la vigencia de su permiso de conducir por haber sido condenado a más de dos años de privación del mismo..., de la pérdida de vigencia del permiso, sus causas y formas de recuperarlo trataremos en otro artículo del blog.

  

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Problemas con el latigazo cervical

El artículo 135 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, en relación con los traumatismos cervicales menores (latigazo cervical, contractura cervical, esguince cervical...), establece:

"... los traumatismos cervicales menores que se diagnostican con base en la manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor y que no son susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias se indemnizan como lesiones temporales, siempre que el hecho lesivo pueda producir el daño, de acuerdo con los criterios de causalidad genérica siguientes:
 a) De exclusión, que consiste en que no medie otra causa que justifique totalmente la patología.
 b) Cronológico, que consiste en que la sintomatología aparezca en tiempo médicamente explicable.
 c) Topográfico, que consiste en que haya una relación entre la zona corporal afectada por el accidente y la lesión sufrida, salvo que una explicación patogénica justifique lo contrario.
 d) De intensidad, que consiste en la adecuación entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las demás variables que afecten a la probabilidad de su existencia. "

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Además, y por si lo anterior no fuera suficiente, sigue este artículo:


"La secuela que derive de un traumatismo cervical menor se indemniza solo si un informe médico concluyente acredita su existencia tras el período de lesión temporal”.

En la Unidad de Accidentes de Tráfico de Málaga ya estamos siendo testigos de cómo las compañías de seguros se están acogiendo a alguno de estos criterios para rechazar el pago de la indemnización, a pesar de que el perjudicado sufra síntomas como mareos, vértigos, náuseas, adormecimiento de miembros, hormigueos, dolor de fuerte intensidad, etc etc.

Con la nueva ley en la mano, ante la falta de una prueba diagnóstica del latigazo cervical, la compañía rehusará sistemáticamente el pago, obligándonos a acudir a los tribunales de justicia para dirimir tal controversia, pues obviamente en la mayoría de los casos la lesión existe.

Indemnizaciones por accidente de tráfico

De nuevo con el Médico Forense:

Con la última reforma del Código Penal los abogados dedicados a este ámbito asistimos a la despenalización de las faltas y por tanto a la salida del ámbito penal de una gran parte de los accidentes de tráfico, los que se cometían por imprudencia leve y con ello la opción de nuestros representados de ser revisados por el Médico Forense adscrito al Juzgado para la determinación de sus lesiones, debiendo contratar a peritos médicos particulares para tal fin, con el consiguiente coste que ello suponía.


Ahora volvemos, para los siniestros ocurridos a partir del 1 de enero de 2016, a encontrarnos en el camino, con el informe del médico forense.


Se ha aprobado el RD 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor. El nuevo baremo de 2016, ¡ya está completo!

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El Médico Forense intervendrá para emitir un informe pericial de valoración del daño corporal sufrido con ocasión de un accidente de circulación, en el marco de la reclamación extrajudicial a que se refiere el artículo 7 del TR de la Ley sobre Responsabilidad Civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, es decir, cuando el accidentado no esté conforme con la oferta motivada u ofrecimiento de indemnización que realice la compañía de seguros obligada al pago. En este caso el accidentado presentará una solicitud, bien de común
acuerdo con la entidad aseguradora, o a su sola instancia ante el Instituto Médico Forense para la emisión de un informe pericial.


La solicitud se presentará en la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), acompañando la oferta motivada que la entidad aseguradora haya emitido. Las partes presentarán junto con la solicitud y la oferta motivada, toda la documentación médica que sea de interés en el caso y quieran hacer valer, además el accidentado y las entidades aseguradores informarán al IMLCF de los centros sanitarios que dispongan de la historia clínica de la víctima, antecedentes médicos relacionados con las lesiones sufridas en el accidente o cualquier tipo de informe que pueda ser relevante para el caso.


A los profesionales que integramos la Unidad de Ayuda a Accidentados nos parece muy interesante esta nueva entrada en el escenario de los Médicos Forenses, y lo valoramos de forma positiva, puesto que el informe será gratuito para el accidentado , lo que permite a la víctima, según sus​ posibilidades económicas se lo permitan, decidir entre acudir a una pericial privada sufragando los gastos que conlleva o bien presentar una solicitud ante el IMLCF, para que sea el Médico Forense el que lleve a cabo la evaluación de las lesiones sufridas de forma gratuita y a cargo de la compañía aseguradora. 

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